Homenaje a la Asamblea El Algarrobo a 6 años de la Represión
“Los rodearon y presionaron como el predador a su presa. No les gustó nada ver al pueblo unido, siendo cada vez más Pueblo, y ellos, los condenados sociales.”
Hoy, lunes 15 de Febrero de 2016, se cumplen seis años de la brutal represión que sufrieron los vecinos de Andalgalá, Catamarca, cuando defendían un bien que nos compete a todos, la Vida.
Y es paradójico, que aun pasados tantos años, sean los mismos vecinos que en este momento acampan frente a los Tribunales de la Corte Suprema, reclamando se efectivice un recurso de amparo presentado en 2010. Recurso que boga por la suspensión del proyecto minero Agua Rica, para proteger las fuentes de agua, glaciares, y la salud de la población. “Una Justicia lenta, no es Justicia”, denuncian.
Un poco de historia
Fue casi al anochecer del 15 de febrero de 2010 en el Camino comunero de Chaquiago, Andalgalá.
Todo se precipitó. Mujeres, niños y ancianos, no eran discriminados. Eran el enemigo. Eran peligrosos fundamentalistas ambientales. Mujeres embarazadas y pequeños niños recibieron golpes y disparos, injustificables incluso ante el más fuerte de los masculinos presentes. Ninguno de los asambleistas o ciudadanos presentes había mostrado agresividad ni actitudes que pudieran encender semejante mecha. Solo exhibieron indeclinable decisión: no dejar pasar maquinarias y vehículos mineros, recostándose pacíficamente en el suelo. Indeclinable decisión de no entregar los Nevados del Aconquija, Santuarios de la Naturaleza según la Carta Orgánica Municipal, que se destruirían con el pueblo mismo, iniciados los proyectos mineros de Agua Rica y Pilciao 16. Casi cuarenta vecinos serían los detenidos.
Horas más tarde, el pueblo enardecido sitiaría la plaza central. La fachada de vidrio de la minera Agua Rica supo de aquello qué un pueblo es capaz de expresar, cuando repudia una amenaza. Los grandes destrozos, denunciados por el impresentable intendente de Andalgalá José Perea, fueron apenas unos pocos vidrios rotos. “Somos tan pacíficos que hasta para hacer destrozos somos prudentes”, nos diría al entrevistarlo un autoconvocado.
Lo que José Pera no ha dicho, y posiblemente no dirá, es que la manifestación popular en repudio a la represión, le vino de perillas al poder político para incendiar algunas dependencias claves de la intendencia. Donde “casualmente” se encontraban facturas y comprobantes del movimiento de dinero que justificaban el destino de decenas de millones de pesos procedentes de las regalías mineras de Bajo La Alumbrera.
Perea se habrá alegrado por tan perfecta coartada, que le permitió no tener que justificar dónde y cómo fueron volcados en obras, o beneficios a la población, esos fondos recibidos. Una mirada a Andalgalá basta para darse cuenta que no fue destinataria de beneficio ninguno. Y que a su vez, eso dio suficiente margen para que la empresa minera pueda desplegar sus estrategias de asistencialismo y cooptación: Entregar ambulancias, Internet, carteles de calles (con el plus magistral de cambios en sus nombres -hay una calle en Andalgalá llamada Agua Rica y otra La Alumbrera-), donaciones a escuelas, y demás “beneficios” mientras iban penetrando con su slogan las conciencias de los pobladores.
¿Podría haberse evitado tan cruel y traumática represión a los andalgalences?
Hacía holgadamente más de un mes de ese Febrero de 2010 que un recurso de amparo solicitando “NO INNOVAR” había sido presentado por la Asamblea El Algarrobo en la Justicia de Catamarca. El expediente parecía quemar en las manos de quienes debían tomar una sabia y justa decisión favorable al pueblo de Andalgalá. La minera Yamana Gold también hacía sentir sus reclamos que, al parecer, atendería una justicia que no es ciega ni neutra. El pedido de los autoconvocados terminó cajoneado. Este es el pedido de amparo que hoy, seis años después, el 2do Acampe por la Vida sigue reclamando en Plaza Lavalle.
La fiscal Marta Nieva, el Juez de Garantías Rodolfo Cecenarro, el Juez Electoral y de Minas Raúl Guillermo Cerda, junto con José Perea y por supuesto, la multinacional Yamana Gold, son los responsables de haber desencadenado la brutal represión sufrida por los andalgalences a manos del Grupo de Elite Kuntur, de la Policía de Catamarca, efectivos de infantería y policía local.
Ante la reacción popular, y el evidente riesgo político desencadenado para cada uno de ellos, estos personajes vendidos a los intereses contrarios al bien común, buscaron despegarse de las secuelas de una aberración que les corresponderá enfrentar en terminos judiciales y criminales. La hipocresía de Marta Nieva, la fiscal que ordenó la represión, no tiene límites al declarar que “de haber sabido las consecuencias de la orden emitida, no la hubiera dado”. ¿Qué resultado esperaba esta peligrosa agente judicial, respecto a una orden de desalojo y represión contra un pueblo que manifiesta por su vida?.
Del dolor, y la fuerte experiencia vivida, el pueblo y su Asamblea de El Algarrobo capitalizaron la experiencia y cohesión que solo quienes sobreviven a los abusos y engaños conocen. Y el predador, con sus sicarios y mercenarios, han descubierto en El Algarrobo un formidable contrincante.
Ante tanto caos, obligadamente, el recurso de amparo debió desencajonarse. El voluble Juez Electoral y de Minas, Raúl Guillermo Cerda, debió dar la orden de parar Agua Rica. La Asamblea y el pueblo, en su heroica resistencia, habían logrado lo que la lealtad ausente en gobernantes y miembros del Poder Judicial había promovido impedir.
Así y todo, la astucia de la medida era evidente. Cerda no había resuelto “NO INNOVAR”. Solo se detendrían las obras de instalación “hasta tanto se restablezca la paz social”.
“NO INNOVAR” es lo único que transitoriamente ofrecería algún margen de tiempo, y algunas garantías, para sacar una ordenanza municipal de prohibición de megaminería metalífera a cielo abierto con uso de lixiviación y bogar por la indispensable ley a nivel provincial.
Así tuvimos la oportunidad de ver cómo en alguno de los medios masivos de comunicación, de la mano de un periodista comprometido con la Vida como Sergio Elguezábal, se realizaron informes sobre "Andalgalá: un pueblo que dijo Basta". Al tiempo, se oyeron los descargos de Minera La Alumbrera, que no dudó en llamar al canal para dar curso a sus argumentaciones de responsabilidad y sustentabilidad. Nosotros sabemos, y lamentablemente no todos los argentinos, que la megaminería está prohibida en Tucumán, lo estuvo en La Rioja hasta que nefastamente Beder Herrera traicionó con su derogación; en Mendoza, La Pampa, Esquel y Córdoba. Incluso está prohibida en los países originarios de muchas empresas que aquí, por leyes permisivas y entreguistas, son recibidos por los brazos abiertos de autoridades de turno.
Andalgalá, necesita de todo el apoyo que podamos brindarle. Asistamos al león herido cuyo rugido se está haciendo sentir para el bien de la humanidad toda.
Yamana Gold, léase Agua Rica, de modo astuto y estratégico, no quiso quedar pegada a la imagen de salvajismo que sus comprados operadores políticos y judiciales, desbordados por la ambición, ofrecen.
Las amenazas que recibieron algunos periodistas de Andalgalá, principalmente aquellos que trabajan en Radio La Perla, así como las tradicionales amenazas a todos aquellos que nos opusimos a Agua Rica, obligaron a Gustavo Fariña, Superintendente Corporativo de Seguridad Patrimonial de Yamana Gold, a hacerse presente en la referida emisora radial para poner paños fríos, buscando despegarse de la brutal secuela de la represión y las ininterrumpidas amenazas.
Nos encontrábamos con Juan Carlos, uno de los periodistas amenazados, intercambiando algunas informaciones fuera de la cabina de transmisión, cuando Fariña se apersonó. Sus palabras fueron “todo tiene un límite (…) hay quienes quieren ser más papistas que el Papa (…) vengo a decirles que nosotros no estamos detrás de las amenazas, y si algunas personas quieren venir a agredirlos estoy dispuesto a enfrentarlos (…) me ofrezco a ponerme frente a la radio si es necesario”.
Indudablemente, el gerente de Seguridad Patrimonial, sabe bien quiénes pueden atentar contra el engrosamiento patrimonial del predador que representa. La licencia social para Agua Rica estaba inevitable, y afortunadamente, perdida.
En alguna radio de Andalgalá en aquel momento posterior a la represión, nos supieron decir, ciertos hombres pagados por las megamineras, que éramos foráneos y que cuando nos fuéramos “¿qué futuro quedaría para Andalgalá si nosotros destrozábamos todos sus sueños de progreso?”. Tuvimos que contestarles que “los foráneos son todos aquellos que vienen a saquear y destruir con sus Espejitos de Colores. No nosotros, compatriotas, que disponibles buscábamos atender las necesidades que se nos fueran mostrando, en defensa de la Vida cuando la Verdad pugna por manifestarse y las mentiras caen por tierra”.
El camino del Amparo:
Tal como informa Darío Aranda, en el diario Página 12, los vecinos de Andalgalá en enero de 2010 presentaron un amparo ambiental basado en el derecho a un ambiente sano y que solicita la suspensión del proyecto minero Agua Rica. Entre los fundamentos, sobresale que el estudio de impacto ambiental de la empresa cuenta con treinta observaciones (calidad del agua, contaminación del agua y afectación de la población aledaña, entre otros). Previo a la autorización de la provincia, no se realizó la audiencia pública que obliga la Ley General del Ambiente.
El amparo estuvo tres años frenado en el Poder Judicial de Catamarca y desde Julio de 2013, en la Procuración General de la Nación, antesala de la Corte Suprema de Justicia. En noviembre de 2014, la Asamblea El Algarrobo acampó frente a Tribunales y reclamó por la demora judicial. La procuradora Alejandra Gils Carbó, los recibió y prometió un pronto dictamen. En diciembre de 2014, ésta misma, dio luz verde para que la causa pase a la Corte Suprema porque las demandadas (Yamana Gold y el Estado Provincial) “estarían en condiciones de llevar a cabo operaciones o acciones que podrían resultar susceptibles de producir un daño al medio ambiente y a la salud que, debido a su magnitud y a las circunstancias de hecho, sea irreversible”.
Gonzalo Fernández, uno de los acampantes, recordó que la procuradora también resaltó que el Poder Judicial de Catamarca (Juzgado de Garantía, Cámara de Apelaciones y Corte de Justicia) “no actuó en base al derecho vigente, y que los jueces lesionaron garantías constitucionales de los vecinos de Andalgalá”. En línea con los pedidos de los vecinos, Gils Carbó resaltó la vigencia del artículo 41 de la Constitución Nacional.
“Segundo acampe por la vida. Sentencia ya”
La causa judicial pasó por todos los despachos de los jueces de la Corte, pero no hubo fallo.
Mariana Katz, abogada del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y que acompaña a los vecinos de Andalgalá, explicó que en Julio de 2015, ampliaron la denuncia porque el juez de Minas (Raúl Guillermo Cerda) le otorgó a la empresa minera (Yamana Gold) una ampliación de la mensura de tierras. De 800 hectáreas originales le cedió 16.000 hectáreas más. Y los vecinos presentaron documentación con la que afirman, se demuestra la existencia de glaciares en el cerro Nevado del Aconquija (donde pretenden instalarse las mineras). “Se le pide a la Corte que resuelva el reclamo de fondo, que la resolución que autorizó el mega yacimiento minero es violatoria del Código de Minería y de la Ley General del Ambiente”, afirmó Katz.
Asimismo se amplió el pedido de amparo a la Corte Suprema de Justicia donde el margen de acción excedería a la provincia de Catamarca y el partido de Andalgalá. “No solo se pretende que se pare Agua Rica. Tampoco queremos que se inicien otros emprendimientos, como sería el de Cerro Atajo y que se respete realmente la Ley de Glaciares” expresó Rosa Farías. La integrante de la asamblea amplió su exposición advirtiendo que la Ley de Glaciares ya en su artículo 6º expone que en ambientes glaciares y periglaciares no debiera haber emprendimientos mineros y petroleros. “Los argumentos por los cuales nosotros estamos en la defensa están en la ley, no estamos inventando nada” expresó.
“Es fundamental que se respete la ley de protección de glaciares”, reafirma Cristina Martín, Coordinadora de la Campaña Los Glaciares No Se Tocan de la ONG Conciencia Solidaria. “Que sea escuchado el pueblo de Andalgalá. Hoy sus voces representan el sentir de infinidad de ciudadanos argentinos y del mundo, concientes de la agravada situación planetaria y la ingerencia que en ella tienen las actividades extractivistas contaminantes y genocidas como la megaminería”, declaró la Profesora Luciana Gagliardo, presidente de la ONG Conciencia Solidaria.
Victoria Veliz
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Campaña Nacional: "Basta YA".
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